Por: CARDUMEN. Red de comunicación alternativa.
Guayaquil, Ecuador.
El pasado 1 de octubre, el presidente Lenín Moreno decretó un paquete de medidas económicas para paliar el problema de endeudamiento que afecta la economía del país. El paquete a todas luces sigue las directrices del FMI, con el cual el gobierno había negociado un préstamo de 4.200 millones de dólares con anterioridad. La medida más cuestionada del paquete es la eliminación del subsidio a la gasolina y al diésel, lo cual evidentemente tiene efectos directos en el costo del trasporte liviano y de carga, así como en el aumento del costo de la vida para toda la población. Las reformas del decreto también contemplan retrocesos en derechos laborales relacionados a la jubilación, a las modalidades y duración de las contrataciones, y a la compensación por los despidos. Los funcionarios públicos verán reducido su periodo de vacaciones a la mitad y estarán obligados a regalar un día de salario mensual al Estado. Así mismo, todos los funcionarios públicos con contrato ocasional sufrirán una reducción salarial del 20% a partir de la próxima renovación.
Vale mencionar que unos meses antes, el gobierno flexibilizó y condonó el pago de una deuda de cerca de 4.295 millones de dólares, que los empresarios mantenían con el fisco, es decir, una deuda de monto equivalente al que se ha asumido con el FMI.
Al día siguiente de decretadas las medidas, comenzaron las protestas en las calles, con un llamado a paro nacional por parte de trasportistas y el llamado a la protesta por parte de diferentes organizaciones sociales. Apenas dos días después de iniciadas las protestas, y a pesar de su discurso disposición al diálogo, el gobierno declaró estado de excepción (decreto número 884), lo cual restringe derechos civiles y políticos como libertad de circulación, libertad de reunión, libertad de expresión e inviolabilidad del domicilio. El martes 8 de octubre, se recrudeció la política represiva a través del decreto 888, que estableció un toque de queda entre las 8 p. m. y 5 a. m., en las inmediaciones de edificios públicos y otras zonas consideradas estratégicas.
La movilización popular en contra de las medidas económicas ha sido extraordinaria, en especial en la zona de la sierra ecuatoriana, donde habita mayor parte de población indígena del país, la cual ha sido clave en este levantamiento popular. La Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha llamado a la movilización de sus bases y estas han respondido en todas las regiones, realizando tomas de calles, asambleas, protestas en plazas y sobre todo realizando larguísimas marchas y caminatas para concentrarse en la capital.
Sin embargo, el gobierno ha acudido a distintas estrategias discursivas para deslegitimar las protestas. Inicialmente minimizó la movilización al considerarla un paro de transportistas mafiosos que quieren enriquecerse con los subsidios. Luego declaró que se trata de una conspiración impulsada desde el exterior por el expresidente Rafael Correa y por Maduro desde Venezuela. También se ha apelado al regionalismo en la zona de la costa (planteando que se trata de población de la sierra que quiere sembrar el caos e invadir las prosperas y pacíficas ciudades costeñas), o directamente a un discurso racista que tilda de vándala y violenta a la población indígena. El día de ayer Ministro de la Defensa Oswaldo Jarrín declaró que se trata de grupos terroristas que están amenazando la seguridad del país y que se va a comenzar a recurrir a armamento letal y no ya solamente a armamento antimotines.
Hasta la mañana del día sábado las organizaciones sociales habían reportado 27 muertos en enfrenamientos con el ejército y la policía, 860 personas heridas de gravedad y 1.430 heridas leves, 120 personas desaparecidas (entre estas 62 son menores de edad), y más de 1.800 personas detenidas en recintos policiales, muchas de las cuales han reportado tortura y malos tratos.
En la tarde del sábado se han registrado nuevos incidentes violentos y de confrontación, como la toma de la Contraloría General del Estado y la quema de un vehículo en la planta televisiva Teleamazonas, por parte de presuntos manifestantes. El gobierno nacional ha expresado mediante una cadena nacional su decisión de extremar las medidas de seguridad militarizando el Distrito Metropolitano de Quito, y restringiendo la movilidad desde las 3 pm. Ha decretado que podrá extender tales restricciones a las 24 horas del día mientras dure el estado de excepción y que la medida regirá en todo el territorio nacional, en áreas sensibles y de importancia estratégica.
En el momento actual las manifestaciones y protestas que tienen lugar en todo el país ya no solo son en rechazo de las medidas económicas. Organizaciones sociales, grupos de DDHH, representantes de la comunidad afroecuatoriana, campesinos, colectivas feministas, movimientos de vecinos, artistas y estudiantes están movilizados en contra de la represión desmedida que se ha desatado contra los y las manifestantes, en especial en la ciudad de Quito, en la cual se concentran grandes contingentes de población indígena que se han desplazado desde diversas provincias del país. La policía y las fuerzas armadas han arremetido contra cualquier manifestación, atacando incluso refugios (universidades y centros culturales) y zonas de paz, en los que se encuentra la población indígena incluyendo mujeres con niños y niñas, ancianos, y personas descansando o pernoctando.
Urge la solidaridad de las organizaciones de DDHH en el extranjero, de los partidos progresistas, de intelectuales, de artistas, de estudiantes, de colectivos de mujeres y de organizaciones de base que se sensibilicen con lo que está sucediendo actualmente. Es indispensable que la comunidad internacional esté atenta a lo que está pasando. En especial ahora que el Ministro de la Defensa ha amenazado con recrudecer la represión en contra de los manifestantes. Es vital romper el cerco mediático que han mantenido hasta el momento los principales de comunicación nacional. Activemos nuevas redes y nuevas formas de solidaridad entre los pueblos.
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