19 de agosto es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. No es suficiente un día para hacer memoria y resarcir la gran deuda histórica que Occidente tiene con el continente africano y las poblaciones afrodescendientes que fueron sometidas a un sistema colonial-imperialista que basó su riqueza en la explotación de los cuerpos negros y los genocidios de poblaciones autóctonas. Ninguna política de memoria monumento o conmemoración será suficiente para borrar de la historia mundial la esclavitud donde Estados Unidos e Inglaterra se favorecieron en gran manera, muy a pesar de sus movimientos abolicionistas.
En el libro, El color de la Justicia. La nueva segregación racial en Estados Unidos (Capitán Swing, 2014), la jurista norteamericana Michelle Alexander, hace una declaración bastante contundente para entender qué pasó con la comunidad afroamericana en tiempos de la administración de Barack Obama en temas de justicia penal y justicia racial. Su tesis principal es que en los últimos años, hubo una idea vigente entre la comunidad afroamericana sobre la elección de Obama: con un presidente de color el Movimiento de los Derechos Civiles había llegado al alba de la justicia; por ello, los esfuerzos de líderes negros se enfocaron a la exigencia y cumplimiento de los programas de acción afirmativa y a la aplicación de los Derechos Civiles en todo rincón de la unión americana. Creyeron que con Obama en el poder, la nación había triunfado sobre la raza. Así el discurso racial se invisibilizó y neutralizó (el término correcto en inglés es colorblindness) oficialmente, pues en la práctica, los estereotipos hacia los afroamericanos que la mayoría blanca construyó históricamente para discriminar a la gente de color, siguieron expresándose en mecanismos legales para obstaculizar su acceso a la educación, vivienda y empleo.
Para la autora de El color de la Justicia, la administración de Obama fortaleció un nuevo sistema de castas en donde el privilegio blanco hace esfuerzos en reglas y discursos desde el poder para preservarse y mantener su dominación a través de nuevas formas de control racializadas; su máxima expresión es el encarcelamiento en masa de jóvenes afroamericanos por drogas o delitos menores. Para Alexander, esta realidad ha destruido mucho de los avances logrados décadas atrás en materia de Derechos Civiles; sus efectos son devastadores: la gente de color que está o estuvo en prisión serán ciudadanos de segunda clase como lo hacían en la década de 1940 las Leyes Jim Crow (conjunto de leyes locales y estatales promulgadas entre 1876 y 1965 para regular el sistema de segregación hacia la población negra en espacios públicos en los estados del Sur) y como lo hacen ahora las políticas de la Guerra contra la Droga y de La Ley y el Orden.
La historia de la comunidad negra en los Estados Unidos está marcada por un constante control de instituciones como la esclavitud y las leyes segregacionalistas en donde el racismo como política e ideología, se adaptó. Después de abolida la esclavitud, los parlamentos de los estados del Sur implementaron Códigos Negros a fin de aprobar leyes estrictas para gente negra, estableciendo sistemas de peonaje y más adelante, en las primeras décadas del siglo XX, la segregación se expresó en las Leyes Jim Crow con la prohibición de asientos interraciales en la primera clase de los trenes y buses, imponiéndola también en las escuelas. Métodos efectivos para atemorizar todo intento de resistencia fueron muertes y linchamientos hacia los afroamericanos por el Ku-Klux Klan, y hoy día las muertes de jóvenes a manos de policías militarizados. La supremacía blanca a vuelto a salir del closet.
En tiempos de esclavitud, los blancos poderosos se valieron de la táctica de “soborno racial” para poner a los blancos e inmigrantes pobres en contra de los negros. Así, aquellos vigilaban y controlaban lo mismo que competían por el trabajo. Al fin de la esclavitud, muchas ideas e imaginarios permeaban la mentalidad popular de los blancos en relación a los negros, aún abolidas las Leyes Jim Crow. Dichas leyes sufrieron un gran golpe con la desobediencia civil en 1955 de Rosa Parks en un autobús de Montgomery, Alabama, al negarse a ceder el asiento a un hombre blanco pues ese acto, nada aislado de una profunda movilización que la población afroamericana ya estaba planeando, llevó a la lucha por los Derechos Civiles y la promulgación en 1964 de la Ley de Derechos Civiles permitiendo que la gente de color pudiera acceder a empleo, educación, a fondos federales, y un año después, se implementó la Ley de Derecho al Voto, la cual permitió la participación efectiva de los afroamericanos.
Mucho se ha destacado el papel que el pastor bautista Martín Luther King Jr. y las organizaciones de Derechos Civiles hicieron para visibilizar y combatir el racismo en los Estados Unidos desde las acciones no violentas. Pero también otras luchas más radicales convergieron buscando la justicia racial. Malcom X a través de la Nación del Islam y la Organización de la Unidad Afroamericana, pedía una separación total de blancos y negros, y afirmaba la superioridad de la raza negra. Si bien disentía de las manifestaciones públicas de los afroamericanos que luchaban por los Derechos Civiles, su pensamiento abonó al nacionalismo negro del cual se nutrieron movimientos políticos como el Ejército de Liberación Negro y el Partido de las Panteras Negras (The Black Panthers). Al iniciar la década de 1960, tanto uno como otro movimientos tenían claro cómo la sociedad blanca estaba recreando las formas para preservar la segregación.
Martin Luther King Jr. en su escrito “La detención decisiva” (Un sueño de igualdad, Público, 2010) recuerda que mientras en Montgomery se organizaban los boicots, los Consejos de Ciudadanos Blancos, que tuvieron su origen en Mississipi, querían alcanzar sus fines por medio de maniobras legales de la “interposición” y la “anulación”, excediendo los límites de la ley con métodos de “abierto y oculto terror, intimidaciones brutales, sistemas para hacer pasar hambre a hombres, mujeres y niños negros” con costes económicos muy altos a los blancos que apoyaran las acciones de protesta. Por su parte, Assata Shakur una ex black panther, ahora exiliada en Cuba, en su Autobiografía (Capitán Swing, 2013) hace memoria de cómo en la convivencia cotidiana en una escuela del Sur, los niños blancos comúnmente al ver cualquier falla de los niños negros, decían: “ya sabes cómo los negratas son una mierda” y se burlaban del físico, rasgos faciales y cabellera afro de sus compañeras y compañeros. Un tiempo después, Assata fue a una escuela del Norte donde no existían escuelas segregadas. Cuenta ella que esas escuelas eran mucho más humillantes, pues aunque los blancos no mostraban abiertamente su racismo, lo encubrían como sus hijos, aprovechando las representaciones teatrales de la historia patria para perpetuar la memoria de la esclavitud en los niños de color. Siendo nieta de ex esclavos, Shakur recuerda cómo fue difícil generacionalmente reconocer la dignidad de su linaje, pues desde niños a los afroamericanos les hicieron aceptar un sistema de valores, estándares de belleza y concepciones sobre ellos mismos, impuestos por los blancos.
Así las diferencias históricas entre los blancos y negros han estado marcadas por imaginarios culturales y raciales que justifican legalmente la discriminación y exclusión hacia la mayoría de afroamericanos pobres, no obstante las victorias de los Derechos Civiles. En la década de 1980 un nuevo mecanismo de control racial comenzó a operar. Cuando el presidente Donal Regan inició la Guerra contra la Droga en los Estados Unidos, la estigmatización hacia las minorías raciales, negros y latinos principalmente, fue tratándoles como los mayores consumidores de crac y después de heroína, cocaína y marihuana, y por lo tanto como delincuentes. Las constantes migraciones de negros de un estado a otro y la políticas de la Guerra contra la Droga, sirvieron como plataforma para que la retórica de la Ley y el Orden desmovilizaran las acciones de resistencia pacífica civil que identificaban a los Derechos Civiles; se les tachaba en medios de comunicación conservadores como actos de delincuencia a los que la ley debía aplicarse, y así sin análisis económicos y demográficos para entender los descontentos generacionales, los encarcelamientos masivos comenzaron en grandes zonas metropolitanas.
Dentro de esa política de Ley y el Orden, desde la década de 1970 la policía se fortaleció con todo tipo de pretextos para detener también a luchadores sociales y criminalizarlos como fue el caso de Angela Davis y Assata Shakur, militantes comunistas, miembros de la black resistance y presas políticas. Entre muchos luchadores sociales, por la experiencia de haber sido llevadas a prisión, sabemos los propósitos políticos que cumplen las cárceles en los Estados Unidos. Davis en el Prefacio a la Autobiografía de Shakur recupera una interesante reflexión: las cárceles cumplen dos funciones: una es para neutralizar y contener a enormes segmentos de la población que se considera peligrosa para el sistema (luchadores sociales, mayoritariamente), y la otra para mantener un sistema de sobre-explotación a la población negra y latina reclusa en prisiones enclavadas en comunidades rurales blancas que actúan como supervisoras.
Más recientemente se está operando un complejo industrial de prisiones con una rápida expansión de la población reclusa a la influencia política de las empresas privadas y de las que proveen a las prisiones públicas. Políticos y empresarios han hecho lobby para que grandes corporaciones vivan del trabajo recluso; empresas en construcción y tecnología se han visto favorecidas por la vigilancia y la seguridad que implementan en las cárceles estatales y federales; abogados y grupos de presión representan los intereses de los inversionistas más que de los acusados, sobre todo si son de color o latinos. Así se defiende y trata de perpetuar la idea de que la reclusión es una solución rápida para personas que representan problemas sociales y atentan contra el orden público: los sin techo, desempleados, consumidores y menudistas vendedores de droga, enfermos mentales, analfabetas; y en la última década migrantes mexicanos y centroamericanos. El móvil es el lucro y no políticas encaminadas a castigar, rehabilitar o reducir el índice de delitos.
En El color de la justicia, Alexander señala que del 2000 a la fecha en nombre de la Guerra contra la Droga, el 80% de los jóvenes afroamericanos tienen antecedentes penales y están por lo tanto sujetos a una discriminación legalizada para el resto de sus vidas. Estos jóvenes forman parte de una creciente casta inferior, permanentemente confinada y aislada de la sociedad en general, la cual será discriminada como delincuentes y por consecuencia, dentro del marco legal de la justicia racial norteamericana, tendrán falta de empleo, vivienda, privación del derecho al voto; negación de oportunidades educativas, cupones de alimentación y de subsidios públicos.
He querido dar este panorama para entender cómo a pesar de políticas y luchas que han cobrado muertes, las poblaciones de color seguimos luchado por liberarnos de las opresiones que nos ponen como ciudadanxs de segunda ya sea en las tierras que nos vieron nacer, o en tierras donde el destino nos llevo y recordamos cómo nuestros antepasados fueron llevados como esclavos y sometidos a grandes injusticias, de las cuales aún se siguen cometiendo. Aún así hay esperanza; por ello, hoy comparto con ustedes el testimonio de resistencias de dos luchadoras que nos inspiran a romper los muros para ser puentes. Aquí el vídeo!
Jael de la Luz
FEMINOPRAXIS 